Competitividad internacional

Todos los esfuerzos para facilitar el camino a nuevos y más amplios círculos de comercio global son el resultado de una filosofía puesta en marcha por el Consenso de Washington, la ideología que después de la Segunda Guerra Mundial intentó crear una economía global única y unificada, basada en la doctrina de la competitividad internacional. De acuerdo con este principio director, lo realmente importante es producir bienes y servicios para los mercados de exportación, más que para el mercado interior y para satisfacer las necesidades locales de desarrollo. Para ser competitivos internacionalmente, los gobiernos nacionales se ven obligados a eliminar todas las barreras que impidan el flujo libre de capitales, bienes y servicios, incluidas aquellas regulaciones del entorno destinadas a proteger recursos naturales como el agua.
Impulsado por esta doctrina, el crecimiento experimentado por las inversiones y el mercado globales durante las tres últimas décadas ha sido asombroso. Según The World Investment Repon, entre los años 1970 y 1992 las inversiones directas extranjeras en los países no industrializados por parte de empresas transnacionales se multiplicó por doce. Durante los cinco años siguientes (1992-1997) se triplicó de nuevo, alcanzando los 149.000 millones de dólares del total de los 400.000 millones de dólares que suman las inversiones directas extranjeras en todo el mundo. El correspondiente dinamismo que la promoción combinada de importaciones extranjeras y producción para la exportación ha dado a los mercados abiertos ha generado una explosión similar en el volumen del mercado mundial. Según informes de World Economic Outlook, el comercio mundial ha pasado de 380.000 millones de dólares en 1950 a 5,86 billones en 1997: en menos de medio siglo se ha multiplicado por quince.
El imperativo de la producción para la exportación ha dejado huellas cada vez más visibles y ecológicamente perjudicia-
les sobre el planeta. Para producir con destino a los mercados globales, enormes buques de arrastre han acabado virtual-jiiente con las reservas de peces en muchos caladeros comerciales. Pero no es éste el único lado negativo del crecimiento, gmpeñados en llevar adelante una explotación masiva, los gigantes de la madera suponen en este momento una amenaza para más del 70 % de las mayores selvas vírgenes del mundo. Por su parte, la acción de la industria minera destruye actualmente cada año más superficie de la Tierra que la erosión natural de los ríos. Y, como se ha señalado en el capítulo 2, la producción de cultivos con vistas a la exportación ha provocado también graves daños de tipo ecológico, como son la erosión del suelo, el agotamiento de los acuíferos y la contaminación química. La fuerte tendencia a exportar ha intensificado significativamente la explotación de los recursos naturales en el Sur. Así, por ejemplo, se destinan a la exportación: toda la producción de diamantes de Botswana; el 99 % del café de Burundi; el 93 % de los plátanos de Costa Rica; el 83 % del algodón de Burkina Faso; el 71 % del tabaco de Malawi; el 50 % de la madera de Malasia; y el 50 % de las capturas de pescado de Islandia.
Para obtener una ventaja competitiva en los mercados globales, tanto los países industrializados como los no industrializados se sienten obligados a prescindir de las normativas que protegen el medio ambiente, incluidas las garantías sobre el agua. Una gestión responsable del entorno por parte de los gobiernos a través de leyes y regulaciones es vista a menudo como una remora que disminuye la competitividad internacional. Para las empresas multinacionales, las leyes que limitan las exportaciones en gran escala de agua o la privatización de los servicios del agua, o la construcción de presas para la producción de energía eléctrica en ciertos ríos, no son en muchos casos otra cosa que «barreras injustificadas» que frenan el comercio y la inversión internacionales. En un clima económico giobalmente competitivo, las empresas.transnacionales amenazarán con retirar sus planes de inversión en un determinado país, a menos que el gobierno correspondiente cambie esa regulación sobre el medio ambiente. La consecuencia de todo esto es que muchas regulaciones medioambientales o bien son sometidas a revisión o bien quedan en suspenso, sin que de momento se aprueben y vean la luz pública nuevas garantías ecológicas.
Mientras tanto, el clima global favorable a la competitividad económica ha intensificado las solicitudes para que el agua se convierta en una mercancía comerciable. Para quienes desean y pueden pagar altos precios en dólares por el agua en razón de la emergencia, hay actualmente barcos que transportan agua a algunas de las islas Bahamas y petroleros que llevan agua a Japón, Taiwan y Corea. Si se concretan los planes para establecer una Red Europea del Agua, dentro de una década el agua de los Alpes podría ir a parar a España o a Grecia, y no a los embalses de Viena. La comercialización del agua embotellada, que ahora mueve cada año unos 22.000 millones de dólares, se ha convertido en una de las industrias de más rápido crecimiento y menos regulada del mundo. Desde 1995, las ventas de agua embotellada se han disparado, con una tasa de crecimiento anual superior al 20 %. El año 2000, fueron embotellados y comercializados en el mercado global cerca de 89.000 millones de litros de agua.
La explosión del comercio a escala mundial ha generado también tecnologías para el transporte masivo que están provocando daños en las vías fluviales. Diversas empresas coordinan en este momento sus planes para la exportación masiva de agua a granel por medio de obras de desviación, acueductos y superpetroleros. El incremento del transporte por barco multiplica la cantidad de residuos arrojados directamente a lagos y océanos, pero además, las obras de dragado necesarias para la construcción de puertos y canales destruyen también el habitat costero. Por desgracia, todo indica que este proceso se acelerará. El transporte por barco a escala mundial, que actualmente
ueve el 90% de todos los artículos comerciales, se espera que erimente un incremento del 85 % entre 1997 y 2010. Naturalmente, los grandes puertos como el de Los Angeles prevén doblar su negocio de carga a lo largo de los próximos veinticinco años. En otra injerencia ecológica ahora en marcha, se barajan planes para abrir el interior de América del Sur al comercio mundial, para lo cual se prevé construir una nueva vía gigantesca de agua que encauzará 3.400 kilómetros de los ríos Paraguay y Paraná para operaciones de embarque. Aunque este proyecto está actualmente retenido, los ambientalistas temen que pueda ser reactivado en cualquier momento. Mientras tanto, China ha dejado clara su intención de convertirse en protagonista del comercio mundial al poner en marcha un gigantesco proyecto, con un presupuesto de 1.000 millones de dólares, para desviar el agua del río Yangtze hacia Beijing/Pekín. Este canal, salpicado de numerosos túneles, servirá además para drenar el agua de las ciudades y poblaciones por donde pasa.
Pero esto no es todo. Lo más terrible es que las reglas del comercio mundial han sido diseñadas para proteger los derechos de las empresas globales del agua, la privatización de los servicios del agua y las exportaciones a granel de las reservas de agua dulce. Algunos acuerdos comerciales internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) ya han declarado que el agua es una mercancía con la que se puede comerciar al clasificarla como un «bien», un «servicio» y una «inversión» comerciales. En la práctica, esto significa que, si un gobierno pretendiera prohibir la venta o la exportación de agua a granel, o impedir que una empresa privada con sede en el extranjero participara en un concurso para obtener una concesión de suministro del agua en una ciudad, tal decisión podría ser impugnada por constituir una violación de las reglas del comercio internacional tal como las entiende el TLCAN y la OMC. A su vez, ambos documentos contienen mecanismos de obligado cumplimiento destinados a garantizar que sus decisiones en las disputas comerciales son vinculantes para los gobiernos firmantes de los citados convenios.