Control público

Una de las formas más significativas del contraataque que durante los últimos años se está produciendo en el sector del agua tiene que ver con las comunidades que luchan por recuperar el control público de sus servicios municipales del agua después de haber sido privatizados. Queremos destacar aquí dos historias a las que ya hemos aludido con anterioridad. La primera es la reciente batalla contra la privatización de los servicios del agua de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia. La segunda se refiere al esfuerzo, mantenido durante varios años, por invertir la situación en el tema del control privado de los servicios del agua en la ciudad de Grenoble, Francia.
La Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, dirigida por Óscar Olivera, consiguió suscitar una amplia resistencia en Cochabamba (Bolivia) después de que el gobierno, aceptando las condiciones fijadas por el Banco Mundial, diese su asentimiento a que una filial de Bechtel Corporation tomase el control del servicio público del agua de la ciudad. Organizada como un movimiento de amplia base social con participación de obreros, campesinos, granjeros y otros ciudadanos implicados, La Coordinadora se propuso como principales objetivos «desprivatizar» el servicio local del agua y defender los derechos de la comunidad al «agua y a la vida». Cuando Bechtel, la empresa privada que se había hecho cargo del servicio del agua de Cochabamba, envió recibos de la luz escandalosamente incrementados y e1 gobierno de Bolivia se vio con las manos atadas para utilizar dinero del préstamo del Banco Mundial para subvencionar los servicios del agua destinados a los pobres, miles de bolivianos marcharon sobre Cochabamba. Provocaron una huelga general y bloqueos del transporte que paralizaron la ciudad. Tras declarar el gobierno la ley marcial a comienzos de abril de 2000, la policía reaccionó con violencia a las protestas de las masas, acorraló a los activistas y los arrestó de noche, y varios programas de radio y televisión se suspendieron a mitad de la emisión.
Esta resistencia de la población, dirigida por La Coordinadora, obtuvo un doble éxito: obligó a la filial de Bechtel a dejar el país y, además, convenció al gobierno de Bolivia de dar marcha atrás en el tema de las privatizaciones. El 10 de abril de 2000, los directores de la filial de Bechtel, Aguas del Tunari, recogieron velas y abandonaron Bolivia. La intensa presión popular obligó al gobierno de Bolivia a anular su odiosa legislación sobre privatización del agua. Ahora bien, como no quedó personal para llevar la compañía local del agua, el denominado Servicio Municipal del Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPO), el gobierno de Bolivia entregó los servicios del agua de Cochabamba a los obreros del SEMAPO y a la comunidad misma.
Aceptando el desafío, la comunidad se propuso elegir un nuevo equipo de directores de la compañía del agua y desarrollar un nuevo mandato, basado en un conjunto de principios alternativos, que todavía hoy siguen vigentes. Los nuevos principios de SEMAPO afirman que, en sus actuaciones, la compañía debe buscar la eficacia, eliminar la corrupción, y tratar con justicia a sus empleados. Impulsada por su compromiso con la justicia social, la empresa ha de estar preparada ante todo para suministrar agua a los habitantes que todavía no disponen de ella y actuar como un catalizador que atraiga y organice mejor su base popular. Inspirada por este imperativo, la nueva compañía se puso enseguida manos a la obra y construyo un enorme depósito de agua para servir a las áreas más pobres de Cochabamba, estableció lazos con 400 pequeñas comunidades que la antigua compañía había dejado abandonadas a su suerte, y empezó a trabajar directamente con los vecindarios locales para solucionar los problemas del servicio de aguas. Para el verano del año 2000, La Coordinadora había organizado la primera de una serie de audiencias públicas para iniciar el proceso de alcanzar un amplio consenso en la comunidad sobre lo que debía ser la compañía en el futuro.
Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, los ciudadanos de Grenoble, en Francia —patria de los gigantes que lideran el mercado mundial del agua—, celebraban la vuelta de los servicios del agua y del alcantarillado de la ciudad al control público después de más de una década de luchas de la comunidad local. En 1989, el alcalde de Grenoble había iniciado los trámites para privatizar los servicios públicos del agua de la ciudad al alcanzar un acuerdo con Lyonnaise des Eaux, filial de Suez, la empresa que lidera el mercado mundial del agua. A pesar de la fuerte oposición pública, los contratos para privatizar el agua seguían su curso. Sin embargo, el contrato estaba viciado de corrupción. El modelo de privatización se completó a cambio de una serie de contribuciones pecuniarias para la campaña electoral del alcalde. Cuando Lyonnaise des Eaux introdujo aumentos masivos en los precios del agua, creció la resistencia pública y se organizó un movimiento ciudadano. Posteriormente, en 1995, el alcalde y un ejecutivo de Lyonnaise des Eaux fueron procesados y en 1996 fueron declarados culpables de soborno.
El movimiento ciudadano resultante se plasmó en dos organizaciones: la Asociación en favor de la Democracia, la Ecología y la Solidaridad (ADES), y Eau Secours («Salvemos el Agua»). Ambas organizaciones se pusieron a trabajar, investigando el trasfondo del contrato que había sido firmado con la filial de Suez. Con el tiempo, ADES y Eau Secours concertaron una estrategia legal común para luchar en los tribunales
contra el contrato de privatización del agua. Con estas iniciativas, los ciudadanos de Grenoble obtuvieron una serie de decisiones judiciales que revocaban las subidas de precios. Los tribunales anularon también la decisión original de 1989 que concedía la privatización y la subsiguiente subcontratación de los servicios del agua y del alcantarillado de la ciudad. Como consecuencia de esta acción judicial, los concejales de la ciudad de Grenoble decidieron crear una sotiétémixte y procedieron a subcontratar sus servicios del agua a otra filial de Lyonnaise des Eaux. Pero otra iniciativa del movimiento de los ciudadanos consiguió que también este contrato fuese declarado nulo e inválido por una decisión judicial.
El escenario estaba ahora a punto para la desprivatización del servicio del agua de Grenoble. Desde 1995, algunos ciudadanos habían estado promoviendo campañas electorales con el programa básico de conseguir que el servicio del agua de la ciudad volviese a estar bajo control público. Tras conseguir que varios de sus representantes fuesen elegidos para ocupar un asiento en el consejo de la ciudad, el primer día de la primavera del nuevo milenio les trajo a los ciudadanos de Grenoble una agradable noticia: después de una década de privatización, Lyonnaise des Eaux quedaba definitivamente apartada del servicio. En marzo del año 2000, el consejo de la ciudad de Grenoble decidió poner de nuevo los servicios del agua y del alcantarillado bajo el control público.