Estados corporativos

Pocos gobiernos, si es que hay alguno en el mundo, han tomado medidas audaces para proteger los bienes comunes y contrarrestar la inminente crisis del agua. Si bien es verdad que se han dado algunos pasos provisionales para reconocer la grave escasez de agua que se cierne sobre el horizonte, hasta ahora los gobiernos no han sido capaces de desarrollar un análisis riguroso de la situación, y mucho menos de encontrar soluciones que protejan el derecho fundamental de las personas y de la naturaleza a disponer de agua.
A decir verdad, la historia de la recuperación de ríos, lagos y estuarios degradados por las aguas residuales y la contaminación industrial ha conocido también algunos éxitos puntuales dignos de mención. En Estados Unidos, el río Hudson, que en su día se dio por muerto, se muestra ahora lleno de vida. Gracias a la acción conjunta de los gobiernos de Canadá y Estados Unidos, se han tomado de mutuo acuerdo algunas medidas para recuperar parcialmente los Grandes Lagos limitando los vertidos de fósforo y aguas residuales en los lagos. También existen pruebas de que los esfuerzos por conservar el medio ambiente en Europa y América del Norte han conseguido reducir las tasas del consumo doméstico e industrial de agua, contribuyendo de ese modo a que los acuíferos y otras fuentes no se agoten a un ritmo tan rápido. Según dados del Informe Geológico (Geological Survey) de Estados Unidos, el consumo de agua ha descendido actualmente en algunas regiones y sectores industriales de Estados Unidos entre un 10 y un 20 % desde 1980.
Sin embargo, independientemente de estos progresos, el norarna que se presenta no es nada prometedor. Según las Kaciones Unidas, tanto en los países industrializados como en los no industrializados, los gobiernos dan escasa prioridad a los problemas y las instituciones del agua y los fondos que destinan a la investigación y a solucionar los problemas son del todo jnsllficientes. Algunos gobiernos con problemas de liquidez financiera tienen que hacer frente a unas infraestructuras para el servicio del agua en proceso de degradación, por ejemplo, porque las canalizaciones están rotas y pierden agua, pero no disponen de los miles de millones de dólares necesarios para repararlas. Por ejemplo, el gobierno canadiense calcula que en este momento sólo modernizar las deterioradas infraestructuras del agua de Canadá costaría unos 53.000 millones de dólares. Por otra parte, esos mismos gobiernos abdican de su derecho y descuidan la responsabilidad que tienen de proteger su legado hídrico. La mayor parte de los gobiernos han promulgado muy pocas leyes y regulaciones para dirigir sus servicios del agua, y mucho menos cuentan con políticas y programas que les permitan afrontar las crecientes presiones para priva-tizar, comercializar y vender el agua.
Es más, algunos gobiernos son directamente responsables de que se utilicen fondos públicos para subvencionar a empresas e industrias que exacerban la crisis del agua. En Estados Unidos y en otros lugares, los gobiernos subvencionan la industria de la alta tecnología, insaciable consumidora de agua. Por ejemplo, la ciudad de Austin (Texas, Estados Unidos) no sólo premia con rebajas fiscales a las empresas tecnológicas (recientemente le ha perdonado a Samsung impuestos por valor de 125 millones de dólares), sino que, además, al agua que gasta la industria le aplica una tarifa que apenas alcanza los dos tercios de la tarifa que pagan los habitantes corrientes. En Nuevo México, Intel ha recibido recientemente una ayuda fiscal por valor de 8.000 millones de dólares a través de un crédito a cuenta de los ingresos, además de otros 250 millones en créditos y diversas subvenciones fiscales. En otras muchas partes del mundo, los gobiernos continúan subvencionando sistemáticamente el sistema del transporte global que facilita la expansión del comercio mundial y de la globalización eco-nómica. Si en el precio final de los bienes de consumo quedase reflejado el coste total del transporte marítimo de cada uno de los componentes hasta los lugares de ensamblaje, así como el transporte de los productos ya acabados hasta los mercados, el volumen del comercio mundial descendería significativamente.
Sin embargo, nada de esto nos pilla totalmente desprevenidos. Después de todo, la misma democracia como forma de gobierno se ve amenazada seriamente por el creciente poder político de las empresas transnacionales. Desde que los miembros de la Comisión Trilateral declararon que en nuestro tiempo los sistemas modernos de gobierno sufrían «un exceso de democracia», las empresas no han dejado de idear estrategias y mecanismos más eficaces para utilizar su enorme influencia económica con el fin de manejar el poder político e influir en los gobiernos de los Estados de todo el mundo. Parapetadas tras sus propios grupos de expertos en política y sus firmas de relaciones legales y públicas, las empresas están perfectamente equipadas para desarrollar sus propias agendas políticas y legislativas sobre los grandes problemas públicos. Conscientes del poder de su sofisticada maquinaria de presión, los principales representantes del mundo empresarial trabajan codo a codo a través de sus grandes coaliciones de negocios con el fin de promover sus propias leyes, políticas y programas. En realidad, las jugosas donaciones que las empresas hacen con cierta regularidad en beneficio de los partidos y de las campañas representan a menudo una «póliza de seguros» con la que pretenden asegurarse de que sus programas políticos serán llevados a la práctica por el gobierno que salga de las elecciones.
A lo largo del último cuarto de siglo, las empresas trans-nacionales han salido plenamente airosas en su intento de reinventar el gobierno a su propia imagen. Los modelos de hacer política que caracterizaron buena parte de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, incluidos el Estado de bienestar social y el Estado de seguridad nacional, se han visto reemplazados por un nuevo modelo: el Estado de seguridad corporativa o empresarial. En esta época de globaíización económica, el Estado desempeña la función primaria de ofrecer un lugar y un clima seguros para las inversiones y la competí tividad transnacionales rentables. En otras palabras, la «seguridad del inversor» ha pasado a ser el principio organizativo básico de los gobiernos: el arte de gobernar debe poner su prioridad en ofrecer seguridad a las empresas, no a los ciudadanos. Y si la propiedad y las inversiones de las empresas se vieran seriamente amenazadas por los trabajadores o las comunidades, el Estado estaría obligado a recurrir a la acción de la policía para defender y proteger los derechos de los inversores con la fuerza de las armas.
En realidad, el fin de la llamada Guerra Fría no significó el final de la inseguridad global. Ahora, la nueva batalla se está librando al amparo de los procesos de globalización económica misma, donde el comercio, las finanzas y las inversiones de tipo corporativo están siendo promovidos por quienes se van a beneficiar de toda esa actividad empresarial, en detrimento de otros. Úrsula Franklin, una especialista canadiense en temas de medio ambiente y durante mucho tiempo activista en favor de la paz, pone las cosas en su sitio: Lo que tenemos ahora es una «guerra económica» en la que el nuevo «enemigo» es la gente y la naturaleza, y los nuevos territorios ocupados son «los comunes» (esos espacios sin fines lucrativos que «mantenemos en común» en una sociedad democrática). En palabras de Franklin, estamos viviendo bajo una ocupación de estilo militar, con «gobiernos marionetas» que dirigen las naciones en beneficio de las empresas y de sus «ejércitos de mercaderes». Este es el Estado de seguridad empresarial que ahora conforma la vida política de las naciones y los pueblos en una era de capitalismo global. A medida que continúan e incluso se intensifican las luchas por el control de los escasos recursos hídricos, podemos esperar ver lo mejor del Estado de seguridad corporativa en acción. Pero, mientras tanto, la carrera atropellada en busca de beneficios por parte de ciudadanos sedientos continúa, y empresas transnacionales de muchas partes del mundo compiten por llevarse la parte del león.