De pronto, todo resulta claro: el mundo se está quedando sin agua dulce. La humanidad contamina, malgasta y agota la fuente de la vida a un ritmo alarmante. Cada día que pasa, se agranda más la brecha entre nuestras exigencias de agua dulce y las cantidades concretas de que realmente disponemos, y como consecuencia son más los miles de personas que se colocan en situación de riesgo. Ya en este momento, el impacto social, político y económico de la escasez de agua se está conviniendo rápidamente en una fuerza desestabilizadora, siendo de hecho varios los puntos del globo en que han surgido conflictos relacionados con el agua. Para decirlo sin rodeos, si no cambiamos drásticamente nuestro comportamiento en esta materia, entre la mitad y las dos terceras partes de la humanidad tendrán que enfrentarse a una grave escasez de agua dulce durante los próximos veinticinco años. El problema del agua pareció deslizarse a hurtadillas en nuestras vidas. Hasta la última década, el estudio del agua dulce había estado reservado a grupos altamente especializados: hidrólogos, ingenieros, científicos, urbanistas, meteorólogos y otro personal escasamente interesado en lo que muchos de nosotros dábamos ya por sentado. Ahora, en cambio, son cada vez más numerosas las voces —Worldwatch Institute, World Resources Institute, Programa para el Medio Ambiente de las Naciones Unidas, International Rivers Network, Greenpeace, Clean Water Network, Comisión del Sierra Club y Friends of the Earth International— que, al unísono con miles de otros grupos comunitarios a lo largo y lo ancho del mundo, nos advierten del peligro: la crisis global del agua dulce representa probablemente la mayor amenaza jamás conocida para la supervivencia de nuestro planeta.
Por desgracia, esta llamada universal a la acción se produce en un momento en que impera sin discusión el principio denominado «Consenso de Washington», un modelo económico enraizado en la idea de que la economía liberal del mercado constituye la única opción económica posible para todo el mundo. Un punto clave de este «consenso» es la comercialización de los «bienes comunes». Todo está a la venta, incluso aquellas áreas de la vida que, como los servicios sociales y los recursos naturales, fueron considerados en su día legado común de la humanidad. En el mundo, son nuchos los gobiernos que, abdicando de su responsabilidad de proteger los recursos naturales con que cuentan, renuncian a su autoridad en favor de empresas privadas que se enriquecen explotando esos recursos.
Puestos frente a la crisis del agua dulce, ahora ya perfectamente documentada, gobiernos e instituciones internacionales abogan por una solución basada en el «Consenso de Washington»: la privatización y la comercialización del agua. Tasad el precio del agua, claman todos al unísono. Ponedla a la venta y que sea el mercado el que determine su futuro. Para
ellos el debate está cerrado. Según el Banco Mundial y las Naciones Unidas, el agua es una necesidad humana, no un derecho humano. Esto no es una simple cuestión semántica; la diferencia en la interpretación es fundamental. Una necesidad humana puede ser satisfecha de muchos modos, especialmente a base de dinero. Pero nadie puede poner en venta un derecho humano.
En el segundo Foro Mundial del Agua, celebrado en La Haya en marzo de 2000, se afirmó que el agua era una mercancía, y ninguno de los representantes gubernativos que asistían a un congreso paralelo se atrevió a contradecir de hecho semejante afirmación. Es más, algunos gobiernos han facilitado el camino para que empresas privadas vendan el agua, con ánimo de lucro, a los sedientos ciudadanos del mundo. Y así, un puñado de empresas multinacionales, respaldadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), están tratando en este momento de controlar la gestión de los servicios públicos del agua, encareciendo dramáticamente el precio que pagan por el agua los residentes locales y aprovechándose especialmente de los desesperados esfuerzos que hace el Tercer Mundo por encontrar una solución a su crisis del agua. Algunas de estas empresas no tienen reparo en confesar sus motivos; se jactan de que la reducción de las reservas de agua dulce y los cambios de pautas en el uso de la misma han creado una extraordinaria oportunidad de negocio para las empresas del agua y sus inversores. Su filosofía es clara: el agua debería tratarse como cualquier otro bien comerciable, y su uso y distribución han de estar determinados por los principios del beneficio económico.
Paralelamente, algunos gobiernos abandonan su control sobre las reservas nacionales de agua para firmar acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN); su proyectado sucesor, el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA); y la Organización Mundial del Comercio (OMC). En efecto, estas instituciones comerciales globales facilitan, de una manera hasta ahora inimaginable, el acceso de las empresas multinacionales al agua dulce de los países firmantes. De hecho, algunas de estas empresas han empezado ya a plantear demandas a los gobiernos para poder acceder a las fuentes nacionales de agua, y, apoyándose en los mencionados tratados comerciales internacionales, están acariciando sus propios proyectos para el transporte masivo de agua a granel por medio de desvíos y de superpetroleros.
Hasta el momento, la mayor parte de iniciativas de este tipo se han llevado a cabo sin consultar a la opinión pública o sin respaldo público. Tanto las poderosas fuerzas gubernamentales como el sector empresarial parten del supuesto de que este debate está ya superado: «todo el mundo» acepta la comercialización del agua. Y, sin embargo, los ciudadanos del mundo no han dispuesto de la mínima oportunidad real de debatir las difíciles cuestiones políticas relacionadas con el agua: ¿a quién pertenece? ¿Podría pertenecer a cualquiera? Si el agua se pri-vatiza, ¿quién estará dispuesto a pagar para que no le falte al medio natural? ¿Cómo podrán disponer de ella los pobres? ¿Quién les ha otorgado a las empresas transnacionales el derecho sobre completos sistemas de agua? ¿Quién protegerá los recursos acuáticos si éstos caen en manos del sector privado? ¿Cómo van a compartirla los habitantes de países ricos en agua con quienes viven en países con escasos recursos acuáticos? ¿Quién es el guardián de la savia vital de la naturaleza? ¿Cómo pueden participar activamente l^s ciudadanos de a pie en este debate?
Este libro propone algunas respuestas a estas preguntas. Todas ellas se basan en un conjunto de principios muy diferentes de los que inspiran el «Consenso de Washington». Nosotros creemos que el agua dulce pertenece a la Tierra y a todos los seres vivos y que nadie tiene derecho a apropiarse de ella con ánimo de lucro. El agua forma parte del legado del mundo y debe permanecer bajo dominio público para siempre, protegida por una rigurosa legislación local, nacional e inter-
nacional. Está en juego aquí el concepto mismo de «bienes comunes», la idea de que nuestras instituciones públicas entrañan el reconocimiento de compartir la misma humanidad y unos recursos naturales que deben preservarse para las generaciones futuras.
Nosotros creemos que el acceso al agua limpia para satisfacer las necesidades básicas es un derecho humano fundamental. Este recurso vital no puede convertirse en una mercancía que se ofrece al mejor postor. Cada generación debe asegurarse de que la abundancia y la calidad del agua no se vean afectadas negativamente por sus actividades. No se deben ahorrar esfuerzos para restablecer la salubridad de los ecosistemas acuáticos que hayan sido degradados y para evitar que los demás se degraden. Las comunidades locales y regionales deben actuar como verdaderos perros guardianes de nuestras vías fluviales y establecer principios que garanticen el buen uso de este precioso recurso.
Sobre todo, necesitamos reestructurar radicalmente nuestras sociedades y estilos de vida con el fin de frenar la deshidratación de la superficie terrestre; tenemos que aprender a vivir respetando los ecosistemas y las cuencas fluviales creados para el mantenimiento de la vida. Y hemos de abandonar la idea engañosa de que nosotros estamos en condiciones de malgastar despreocupadamente las reservas mundiales de agua con la excusa de que, de alguna manera, la tecnología nos sacará de apuros. No existe una «solución» tecnológica para un planeta que haya agotado el agua.
El debate sobre el uso sabio y equitativo de los recursos acuáticos de la Tierra está lejos de haber alcanzado su punto culminante. De hecho, no ha hecho más que empezar. En este libro narramos la historia del desarrollo de la crisis mundial del agua, el asalto de las empresas privadas a ese «bien común» denominado agua, y la complicidad de gobiernos e instituciones en e] robo del agua dulce del mundo. Y, lo que es más importante, en este libro mostramos cómo ciudadanos comunes a lo largo y ancho del planeta empiezan a comprometerse en una nueva forma de política de amplia base social. Estos ciudadanos rechazan la comercialización del agua y se responsabilizan de su uso, convirtiéndose en «guardianes» de los sistemas de agua dulce en sus localidades respectivas. Estos reformadores y luchadores son los héroes y las heroínas de nuestra historia. Su valentía y claridad de ideas alegran nuestros corazones. Si seguimos su ejemplo, tal vez logremos salvaguardar nuestras provisiones vitales de agua dulce antes de que sea demasiado tarde.