La igualdad del agua

¿Qué decir, sin embargo, del argumento humanitario de que, en un mundo con desigual distribución del agua, las zonas ricas en agua están obligadas a compartir sus reservas de agua con otros? Toda ética del agua de carácter global y sostenible reconocerá, naturalmente, este hecho. Quienes hoy experimentan la escasez de agua viven casi exclusivamente en el Tercer Mundo. Quienes hoy abundan en agua viven en las naciones industrializadas; en estas últimas naciones, algunas empresas y determinadas clases de personas se han enriquecido con la colonización de muchas de las áreas que actualmente viven en condiciones de extrema escasez de agua. Esto representa un trágico dilema. Podría argumentarse que las naciones industrializadas tienen la obligación moral de compartir su agua con las áreas que padecen sed, aunque esto suponga someter a fuerte presión ecosistemas ya afectados negativamente. Al tratar de solucionar este dilema sería conveniente distinguir entre enfoques a corto plazo y enfoques a largo plazo. Importar agua no es una solución deseable a largo plazo ni para los ecosistemas ni para los pueblos del mundo que sufren escasez de agua. Ésta es un elemento esencial para la vida, y por este motivo nadie debería depender de suministros procedentes del extranjero que en un determinado momento pueden interrumpirse por razones políticas o ambientales. Sería útil, además, distinguir entre comercializar el agua y compartir el agua. En un intercambio de tipo estrictamente comercial del agua, es probable que quienes realmente la necesitan sean los últimos en recibirla. El agua transportada desde lugares muy alejados por buques cisterna de compañías navieras sólo será asequible para los ricos, especialmente para las grandes compañías, porque el motivo de la exportación es la obtención de cada vez mayores beneficios. Importar agua de esta manera exclusivamente para quienes pueden permitirse el lujo de pagarla reducirá sin duda la urgencia y la presión política de dar con soluciones reales, sostenibles y equitativas a los problemas del agua en los países con escasos recursos hídricos.
George Wurmitzer, alcalde de Simitz, una pequeña ciudad en los Alpes austríacos, alude a la diferencia entre compartir el agua y comercializar el agua cuando se muestra preocupado por las exportaciones de agua en gran escala desde su comunidad: «Desde mi punto de vista, ayudar al sediento es un deber sacrosanto. Sin embargo, desplazar agua simplemente para que algunos hagan funcionar sus inodoros y laven sus coches en áreas secas es un pecado. [...] Es algo absurdo y tanto económica como ecológicamente constituye una locura». Y, como afirma el experto en cuestiones del agua Jamie Lin-ton, «tal vez el argumento más fuerte contra la exportación [comercial] del agua es que semejante práctica no haría más que perpetuar el problema básico que causó en un primer momento la "crisis del agua": la presunción de que las crecientes demandas de agua de la gente pueden y deberían solucionarse siempre aumentando el suministro. Esta idea ha tenido como consecuencia el desecamiento de lagos, la reducción de los acuíferos y la destrucción de ecosistemas acuáticos en todo el mundo».
Sin embargo, si el agua continúa estando bajo control público, probablemente será posible compartir las reservas de
agua entre países a corto plazo en tiempos de crisis. En estos casos, el reparto del agua tendría que estar perfectamente delimitado de antemano en todos los detalles para que la región receptora recuperase su independencia en el suministro de agua tan pronto como fuese posible. De esta manera, el agua podría utilizarse para promover el restablecimiento del servicio del agua. Sin embargo, esta solución no es imaginable si continúa imparable el proceso de privatización de los recursos mundiales del agua y de su distribución. Las empresas no permitirían que se estableciese un sistema de intercambio de agua sin ánimo de lucro.
En la raíz misma de la crisis del injusto reparto global del agua está la profunda y creciente brecha que separa a las naciones del Norte de las del Sur. La mayor parte de países del Tercer Mundo tienen poca o nula capacidad de ofrecer servicios de saneamiento a sus poblaciones o de detener la difusión de las enfermedades transmitidas a través del agua. Y no pudiendo poner condiciones a las inversiones públicas, difícilmente van a ser capaces de obligar a la industria a dejar de contaminar sus vías de agua. Es más, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han impuesto prácticas de producción de alimentos y de exportación que promueven una agricultura no sostenible y derrochadora de agua. Estas políticas deben desaparecer, juntamente con aquellas otras impuestas por el Norte que obligan a los gobiernos del Tercer Mundo a dejar de prestar los servicios de salud pública a los pobres, incluido el suministro de agua pública.
Para hacer frente verdaderamente a la brecha de la pobreza global del agua, las naciones ricas deben compartir sus recursos financieros no para promover servicios del agua insostenibles cuyo objetivo principal es acumular enormes beneficios Para las empresas multinacionales, sino para establecer servidos del agua sostenibles. Son varias las acciones inmediatas que podrían emprender los gobiernos. He aquí algunas: cancelar la deuda del Tercer Mundo, destinar más dinero a la ayuda exterior (hasta alcanzar el 0,7 % del Producto Interior Bruto), y gravar la especulación financiera con un «impuesto Tobin» que serviría para pagar la infraestructura y unos servicios universales del agua.
En particular, debería reconocerse y tratar de solucionarse la especial situación crítica de diversos pueblos indígenas del mundo. En muchos países, los derechos del agua de Primeras Naciones han sido expropiados con ánimo de lucro. Algunos pueblos indígenas han sufrido de forma más directa e intensa las consecuencias de la construcción de grandes presas y de proyectos de desviación del agua, y la industria ha contaminado sus tierras y aguas hasta límites insospechados. El agua constituye también uno de los cimientos de la vida espiritual de los pueblos indígenas, razón de más para que se conserven y respeten sus intereses como propietarios de las aguas en sus tierras tradicionales.