Punto de vista

De cómo algunos principios y objetivos comunes pueden salvar el agua del mundo

Úrsula Franklin, profesora emérita de la Universidad de Toronto, afirma que los movimientos sociales más importantes de la historia demuestran su solidez por la presencia de un «punto de vista». Para la doctora Franklin, el punto de vista representa el marco ético que conforma la intencionalidad y la obra misma del sujeto que actúa. «El lugar que ocupas y el lugar desde donde miras te dice qué constituye para ti el primer término y qué el trasfondo, qué cosa es grande y qué cosa es pequeña.» Un punto de vista comporta un sentido de prioridad, de proporción y de obligaturaleza y de los principios democráticos. Si se ha de presea var el agua del mundo para las generaciones futuras, millones de ciudadanos del mundo tendrán que adoptar un punto de vista basado en un conjunto de principios y consideraciones éticas directamente opuesto al punto de vista predominante de la economía global.
Al alborear el nuevo milenio, el mundo debe tomar decisiones cruciales, tal vez irrevocables, acerca del agua. Individuos, países y empresas de todo el mundo siguen contaminando el agua misma que les permite vivir. Los servicios de descontaminación o no existen o son mínimos en los países más pobres, pero incluso en las naciones más ricas las reservas de agua locales contienen hormonas y sustancias químicas letales. Algunos individuos y empresas contaminadores siguen vertiendo venenos en los sistemas del agua, aunque dispongan de pruebas evidentes del daño que están causando. De todos modos, los daños inferidos al agua hasta la fecha no han sido en su mayor parte intencionados, sino reactivos: una mezcla de ligero descuido, ignorancia, avaricia, exceso de demanda de un recurso limitado, contaminación por negligencia, y desvíos improvisados. En conjunto, la especie humana ha dado el agua por sentada y se ha equivocado garrafalmente a la hora de emitir un juicio sobre la capacidad de los sistemas de agua de la Tierra de recuperarse de nuestros descuidos. Aunque nuestro deber actual es dar una respuesta al enorme daño que hemos causado, probablemente hay que decir que nadie ha pretendido provocar una carestía global del agua o destruir deliberadamente las reservas de agua del mundo.

ENCRUCIJADAS
De todos modos, la falta de malicia no puede seguir siendo una excusa válida. Lo sabemos perfectamente. Sabemos que ciertas prácticas poco respetuosas con el entorno, como la tala de bosques y los vertidos tóxicos, están destruyendo las vías fluviales. Comprendemos que nuestras prácticas personales e industriales basadas en el consumo insaciable de energía están estrechamente relacionadas con el calentamiento global que está destruyendo el habitat acuático. Tenemos pruebas cada vez más concluyentes de que estamos agotando los acuíferos a un ritmo claramente insostenible, pero continuamos extrayendo agua del subsuelo porque no nos decidimos a dejar de contaminar el agua superficial. Y sabemos que nuestras prácticas de riego están provocando la lenta desertización del suelo, además de destruir la capa freática.
Sin embargo, sociedades de todo el mundo, o al menos sus gobiernos y líderes del sector privado, han terminado apoyando los dogmas de la globalización económica, basada en un modelo de crecimiento ilimitado y en el atractivo de un consumismo desenfrenado. Continuamos creando condiciones que obligan a los pequeños agricultores a abandonar sus tierras y trasladarse a ciudades superpobladas. Ponemos en práctica políticas comerciales globales que premian métodos de producción de bienes y alimentos ecológicamente insostenibles. Nosotros apoyamos a aquellos gobiernos que generan precios bajos para el consumidor a costa de recortar la normativa nacional en temas de agricultura, producción de alimentos, utilización de sustancias químicas y vertidos industriales. De hecho, casi todo lo que hacemos en la moderna sociedad industrial contribuye a agrandar la crisis global del agua dulce. Las grandes corporaciones transnacionales actúan al amparo de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que obligan a los gobiernos a prescindir de la legislación medioambiental por temor a las represalias de los tribunales comerciales. Mientras tanto, las empresas apenas pagan impuestos o encubren sus beneficios en paraísos fiscales, disminuyendo de este modo los ingresos potenciales del gobierno que podrían haber servido para mejorar la infraestructura del agua, los servicios de saneamiento y prácticas para ahorrar agua. Nuestros líderes han confiado nuestras vidas a personas que únicamente actúan impulsadas por el imperativo del beneficio.
Y ahora, como ya hemos visto, algunas corporaciones transnacionales, apoyadas por instituciones financieras y comerciales internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, están tratando de sacar provecho de la misma crisis global del agua dulce. Si permitimos que estas compañías del sector privado se hagan con el control de las reservas mundiales de agua, perderemos la capacidad de ahorrar el agua del mundo. Estaremos permitiendo que se constituya una élite del agua dispuesta a decidir que este bien humano se utilice de acuerdo con sus propios intereses. En lugar de eso, deberíamos contribuir activamente a que individuos y comunidades de todo el mundo se responsabilicen de un recurso compartido y lo utilicen de manera que sus descendientes tengan garantizado en el futuro el acceso a ese mismo recurso.
La iniciativa de comercializar unas reservas globales de agua que se agotan es equivocada, desde el punto de vista ético, medioambiental y social. De ser así, podemos dar por sentado que las decisiones sobre la distribución del agua se basarán casi exclusivamente en consideraciones comerciales, no medioambientales o sociales. Los accionistas de las empresas buscan el máximo beneficio, no sostenibilidad o acceso en igualdad de condiciones. La privatización significa que la gestión de los recursos hídricos se basará en el principio de que es un bien escaso del que se debe sacar el máximo beneficio, y no en la sostenibilidad a largo plazo. Las empresas dependen del crecimiento del consumo para generar beneficios y, por lo tanto, es mucho más probable que inviertan en el uso de tecnologías químicas, en la desalinización y el desvío del agua, V no en la conservación de la misma.
Esta tendencia a comercializar lo que hasta ahora ha sido un servicio público les complica además las cosas a los ciudadanos individuales, que encontrarán mayores dificultades para distribuir y gestionar sus propios recursos hídricos. La concentración del poder en manos de una sola empresa y la incapacidad de los gobiernos de recuperar la gestión de los servicios del agua una vez contratado un suministrador privado de agua, permite a las empresas reducir el poder democrático de los ciudadanos. Y a medida que las empresas transnacionales del agua presionan para reducir la normativa medioambiental y desregular las pautas del agua, su influjo sobre las políticas gubernamentales aumenta sin justificación alguna.
A pesar de los evidentes peligros que entraña, la comercialización del agua dulce del mundo crece a pasos agigantados. La toma de decisiones sobre este preciado recurso parece descansar ya en estos momentos en un número relativamente pequeño de personas: burócratas del Banco Mundial y de las Naciones Unidas, un equipo de expertos en temas del agua que los asesora, agencias gubernamentales dlas cosas las cosas las cosas las cosas e ayuda, algunos economistas, y poderosas corporaciones del agua que han apostado personalmente por el éxito. Este pequeño pero poderoso grupo de personas ha decidido que el debate está ya zanjado. Se nos asegura que «todo el mundo» apoya la privatización del agua. Esto, evidentemente, es falso. Los ciudadanos del mundo no han sido consultados, o incluso ni siquiera informados, de este desarrollo. De hecho, como cada vez resulta más claro que, cuando los ciudadanos pueden escoger el tipo de gestión que prefieren para su agua, se decantan por el control público, local y transparente.
De lo que no cabe dudar es del hecho de que los gobiernos no van a tomar la delantera en este debate. En este sentido, los ciudadanos van a verse en la obligación de crear los argumentos políticos que conserven para siempre el agua del mundo entre los «bienes comunes» públicos. Para conseguirlo, es necesario alcanzar un acuerdo general acerca de los principios fundamentales que estén en condiciones de garantizar un futuro con agua segura para el mundo. Y para alcanzar el acuerdo en estos principios, deben plantearse cinco cuestiones éticas acerca del agua: su carácter de bien común, la necesidad de administrarla, la igualdad, la universalidad y la paz en el contexto del agua.